martes, 11 de diciembre de 2018

En Curepto a martes, 11 de diciembre de 2018
Movidos días ha tenido la primera autoridad política de Curepto, Alcalde Rene Concha González, debido a que la justicia ordinaria el pasado jueves 6 de diciembre, emitió una orden de arresto por tres días en su contra, en su calidad de representante legal del Municipio local, luego de que los profesores lo demandaran por una deuda por concepto de Bono a la Subvención Adicional Especial (SAE) que asciende a los 810 millones de pesos. 

El jefe comunal reconoció la deuda, asumió la responsabilidad e hizo pública la orden de arresto a través de sus redes sociales ese mismo día, recibiendo amplio apoyo de sus adherentes. 


Según la autoridad municipal, la intención del ente que dirige siempre ha sido pagar y señaló a Curepto Más TV que como jefe de la billetera local, no le es posible firmar el acuerdo de pago propuesto por la parte querellante, pues este acuerdo plantea ante un eventual incumplimiento del municipio en el pago efectivo de la deuda, el interés máximo convencional permitido por la ley en caso de morosidad, pudiendo entonces pasar la deuda de M$ 810 a 1.097 millones pesos, en el caso que el municipio no pudiere pagar en el plazo y la forma acordada. 

Se llega a la cifra de M$ 1.097, tomando en consideración que el interés máximo convencional actual fijado por la Superentendía de Bancos, es de 35.52 %.






Ante lo cual Sr. Concha señala que prefiere cárcel que dejar al municipio en bancarrota, priorizando enfocar los recursos municipales en proyectos locales de Agua Potable y de transporte escolar, así como en fondos para emergencia de catástrofes. Agregando que él está dispuesto a sellar un acuerdo de pago, pero en cuotas, en 4 a 5 años para así no resentir las arcas municipales, pero la contraparte no acepta dichos términos. 

En tanto,  Yasna Cancino "la abogada de los profesores", como le han tildado en el Maule, debido a que se especializa en estos casos a nivel regionalla cual es también la querellante en la presente causa, dijo a Radio Cooperativa que "la sentencia está ejecutoriada y los 800 millones los tienen que pagar sí o sí. Podrán recurrir para evitar la orden de arresto y dilatar el proceso de pago, pero constitucionalmente los órganos del Estado tienen la obligación de cumplir las sentencias decretadas por los tribunales de justicia".

Cristian Ortiz





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